Gallardón plantea el copago de la justicia y una reforma de la ley del aborto

Para recurrir las decisiones judiciales en segunda instancia habrá que tener más recursos económicos, según el nuevo sistema de tasas que ha anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en su primera intervención ante la Comisión del Congreso. También ha anunciado que el Ejecutivo de Rajoy estudiará una posible instauración de la cadena perpetua revisable, que, según ha dicho, será una pena excepcional para delitos que hayan causado una gran alarma social. En cualquier caso, la medida implicará una nueva reforma del Código Penal.

El ministro de Justicia ha apuntado esta mañana la posibilidad de establecer una especie de sistema de copago de la justicia, de forma que a partir de la segunda instancia, quien recurra, pague. De esta forma, ha afirmado, se pretende mitigar el exceso de litigiosidad.

Si en la segunda instancia, con posterioridad, la justicia le da la razón, se le reintegrará ese depósito, pero tendrá que tener capacidad para anticiparlo, despojarse de esa cantidad mientras se resuelve el recurso y aceptar el riesgo de no obtener satisfacción al recurso.

Gallardón ha excluido solo la jurisdicción penal, por lo que se supone que sí se aplicará, por ejemplo, a la laboral para recurrir sentencias sobre despidos, a la mercantil, a la civil o a la contencioso-administrativo.

Según el ministro, hay un abuso en la interposición de recursos que pone en dificultades la sostenibilidad económica de la justicia y pone en riesgo que quienes de verdad tienen motivo para recurrir lo puedan hacer. Las nuevas tasas tendrían una finalidad disuasoria, de forma que muchos conflictos, ha dicho el titular de Justicia, se resolverán -antes de por vía judicial- por acuerdo o incluso por arbitraje.

También ha hablado de “uso racional de la justicia” y de “abuso de acceso a órganos judiciales”, algo que, dijo, afecta sobre todo a la segunda instancia judicial, que sufre un riesgo de “colapso”.

Quedará a salvo, según ha explicado, la justicia gratuita, es decir, las personas que puedan demostrar que carecen de medios para acudir a los tribunales. También en este sentido, el ministro ha anunciado un endurecimiento de los requisitos y controles de esa justicia gratuita.

Gallardón también ha anunciado que se abordará la reforma de la ley del aborto para volver a establecer la obligatoriedad de que los padres tengan que dar su consentimiento para que las menores puedan interrumpir el embarazo.

Gallardón ha dicho que la ley actual fue aprobada “sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos” y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que estas no aleguen peligro de violencia en el ámbito familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

No ha dicho nada sobre la reforma de la ley de matrimonios homosexuales, de la que no ha hecho ni mención en su intervención inicial.

Gallardón ha anunciado una serie de leyes, incluida la de Enjuiciamiento Criminal comprometida por todos los ministros de Justicia desde los ochenta y con un ligero matiz al rechazo habitual del PP a que los fiscales instruyan. “Se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor”, ha dicho.

El ministro de Justicia ha anunciado la reforma del Código Penal para perseguir la multirreincidencia, es decir, la comisión de faltas como pequeños hurtos, para que puedan perseguirse como delitos.

En esa línea ha avanzado la reforma de la ley del menor para que se unifique en un solo procedimiento cuando haya implicados mayores y menores de edad en los mismos hechos.

“Vamos a buscar el máximo consenso posible”. Con esa bandera se ha presentado esta mañana el ministro en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones se producen pocas horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara, también en la Cámara baja, cambios importantes de la justicia.

Eso sí, la número dos del Ejecutivo no dio opción a réplica alguna del resto de los grupos parlamentarios. Los socialistas anunciaron inmediatamente que esa actuación rompía el Pacto por la Justicia. Gallardón ha manifestado su “voluntad de diálogo” como “instrumento” para salvar “discrepancias y diferencias políticas”. A lo que ha agregado: “Tenemos muy claro qué España queremos… No recibimos la confianza como cheque en blanco, por eso vamos a abordar las reformas”.

Además, el ministro ha anunciado nuevos Códigos mercantil y civil y que despojará de algunas competencias mercantiles y civiles a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores.

Duro rechazo de la oposición

El Gobierno del PP tiene mayoría suficiente para sacar adelante todas sus iniciativas y las reformas legales anunciadas por Gallardón, pero el ministro de Justicia ha comprobado en su primera comparecencia en la Comisión que no tendrá fácil cumplir su propósito para aprobarlas con consenso o apoyo de otros grupos.

Solo UPyD apoya de forma expresa la reforma para cambiar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con distinto grado de dureza, todos los demás grupos han expresado al ministro su rechazo a restringir la elección parlamentaria de sus miembros.

El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, en un tono muy duro, ha ironizado que el PP, que es el que ha bloqueado las renovación de órganos constitucionales, ahora se plantea la cobertura de las plazas vacantes con celeridad.

El diputado socialista ha pedido al ministro que tenga en cuenta los trabajos ya hechos sobre leyes, por ejemplo, el anteproyecto de Enjuiciamiento Criminal y que no se cambien normas pactadas y consensuadas como la del Código Penal. “Si pide consenso, no destroce los consensos anteriores”, le ha dicho a Gallardón.

Mucho más vehemente ha sido Gaspar Llamazares, de IU, para quien las nuevas tasas tratan de “disuadir a los ciudadanos con una justicia de dos velocidades”. Le ha acusado de “populismo penal”, de quedar reducido al anuncio de cadena perpetua y endurecimiento de leyes. “”Ha traído más involución que regeneracionismo”, ha aseverado.

También Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha rechazado el uso de las tasas para disuadir a los ciudadanos de recurrir las decisiones judiciales.

 

Fuente  :  El Pais

 

 

Publicado el enero 25, 2012 en España, Justicia, Ley, Noticias, Politica y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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