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Hacienda activa el mecanismo del ´chivatazo´ contra pagos en efectivo

Quienes incumplan la regla de los 2.500 euros podrán eludir sanciones si delatan a la otra parte . El Ministerio recibe 997 denuncias hasta octubre

La Agencia Tributaria activará hoy el procedimiento de denuncia paralelo a la norma que también desde hoy prohíbe los pagos en efectivo en las operaciones por un valor igual a superior a 2.500 euros en las que al menos una de las partes es un empresario o profesional. Hacienda pretende velar por el cumplimiento de esa nueva regla incentivando el chivatazo: quien haya participado en un pago en metálico vetado por la nueva ley antifraude podrá eludir la sanción si delata a la otra persona o empresa.

Desde hoy, la Agencia Tributaria habilitará un enlace en su página web a disposición de los contribuyentes que deseen realizar cualquier tipo de delación sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias. El denunciante podrá identificarse por la casilla de la renta correspondiente y deberá adjuntar su NIF. En cuanto a los datos del denunciado, deberá comunicar también su NIF, sus apellidos o razón social, la dirección de su domicilio, el municipio en el que reside y el motivo de la denuncia.

El procedimiento telemático vale para otro tipo de denuncias, pero su estreno coincide con la entrada en vigor de la limitación en el uso de dinero en efectivo (metálico, cheques al portador y otros medios análogos que no dejen rastro). Desde hoy, los españoles no podrán hacer pagos en efectivo por valor de 2.500 euros o más. La norma afecta a todas las transacciones de bienes y servicios en las que intervenga un empresario. Están excluidas las operaciones entre particulares, los pagos e ingresos en bancos y aquellos en los que intervengan turistas, para quienes el límite se eleva a 15.000 euros.

Quienes incumplan la regla de los 2.500 euros se arriesgan a sanciones equivalentes al 25% del importe de la transacción. Y para perseguir el incumplimiento Hacienda utilizará el chivatazo. La ley antifraude impulsada por el Gobierno establece que quedará exonerada de pagar la multa aquella de las partes que antes de tres meses denuncie a la otra. Si ambas partes denuncian, solo se librará la primero en hacerlo, y si lo hacen simultáneamente, ninguna de ellas evitará la sanción.

El Ministerio de Hacienda recibió en los diez primeros meses de este año hasta 997 denuncias de los ciudadanos en las que llaman la atención sobre casos de fraude fiscal, lo que supone un incremento de más del 50% respecto a los últimos tres años. Según el Ministerio, no solo están aumentando estas denuncias, sino también la solidez de la información aportada, lo que atribuyen a una mejora en la conciencia fiscal de los ciudadanos, a quienes cada vez les molesta más la existencia de fraude.

Así, este incremento es muy significativo si se compara con los datos de los años anteriores: en 2011 se registraron 646 denuncias; en 2010 se contabilizaron 610; y en 2009 se produjeron un total de 640 denuncias.

 

Fuente  :  laopinioncoruna

 

 

Las cajas de ahorros advierten de que habrá que subir de nuevo los impuestos a todas las rentas

La vía del recorte del gasto no será “ni de lejos” suficiente para ajustar las cuentas públicas en 2013, por lo que será necesario volver a subir los impuestos. Así lo piensa el director general de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Victorio Valle, quien cree que deberán ser tocadas todas las rentas a través del IRPF o el IVA para conseguirlo.

Valle explicó en la jornada ‘Modificaciones en la fiscalidad y eficacia recaudatoria’ que no está a favor de aumentar la presión fiscal, sino que sólo con la reducción del gasto no se conseguirá reducir el déficit al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2013, plazo marcado por la Comisión Europea para cumplir el Pacto de Estabilidad.

Vayan preparando el bolsillo“, ha señalado Valle, para quien la subida fiscal llegará antes o después y servirá para evitar que el gasto público se reduzca “a cascoporro”, que es lo que se suele hacer en España en momentos de crisis.

Aún así, ha considerado también necesario reducir el incremento del gasto fruto de las “majaderías” que se le han ocurrido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha abogado por despedir a funcionarios o restringir el acceso a empleos públicos en vez de bajar los sueldos. “Nunca lo he compartido, ni lo entiendo”, ha señalado.

A su parecer, los retoques fiscales dirigidos a las rentas más altas tendrían un pequeño efecto recaudatorio porque la creación de un nuevo tramo del IRPF (45%) para los que superen los 100.000 euros sólo aportaría 185 millones, el 0,017% del PIB, mientras que la aplicación de este mismo tramo a los contribuyentes que superen los 150.000 euros aportaría unos 104 millones.

La mala noticia es que hay que tocar todas las rentas“, ha indicado Valle, quien recordó que la presión fiscal es más baja que en otros países tras asegurar que subir un punto el IRPF en todos los tramos aportaría unos 2.192 millones de euros, un 0,2% de PIB y apostar también por hacer “urgentemente” una profunda reforma del Impuesto de Sociedades.

Las subidas de impuestos hasta ahora

El Gobierno subió el IVA el pasado mes de julio. El tipo general del IVA, que grava bienes que no son de primera necesidad, pasó del 16% al 18%; mientras que el reducido, que grava algunos servicios como la hostelería y el turismo, se elevó del 7% al 8%.

También incrementó la tributación de las rentas de capital de forma progresiva progresiva. Los primeros 6.000 euros tributan ahora al 19% en vez de al 18%, y el resto al 21%.

Además, el Ejecutivo suprimió la deducción de los 400 euros en el IRPF a partir de 2010, ahorrando unos 6.000 millones por año.

Por otra parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, espera para el futuro “algún pequeño ajuste” sin ánimo recaudatorio entre las rentas más altas para favorecer la equidad fiscal.

Fuente  :  El Mundo

Los españoles pagamos más impuestos que la media europea y cobramos menos

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que los trabajadores españoles soportan un esfuerzo fiscal por encima de la media de los países del euro, porque aunque los impuestos sobre las rentas del trabajo son inferiores en España, aún es menor el salario medio.

Este informe se publica poco después de las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, que aseguró que los impuestos españoles son “muy bajos” y que deberían ser “homologados” a la media de la UE.

El colectivo reconoce en un comunicado que España está entre los países de la zona euro donde el porcentaje del salario que se destina al pago de impuestos (IRPF) es más bajo, del 37,8% frente a una media del 43,1%.

Sin embargo, el sindicato advierte de que si se consideran los impuestos que gravan el consumo (IVA e impuestos especiales), la presión fiscal sobre el salario medio español se elevaría hasta el 47% y podría incluso superar el 50% si se añaden los impuestos sobre sucesiones o las tasas municipales, entre otros.

Asimismo, los técnicos de Hacienda denuncian que la presión fiscal es menor para las rentas “que pueden ser ocultadas” como las de empresas y profesionales, razón por la que creen prioritario un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

En cualquier caso, las declaraciones José Blanco no contemplaban los datos que revela Gestha, como el hecho de que el salario medio en España sea de 22.802 euros, el más bajo de Europa, sólo por encima del de Portugal y muy lejos de los Luxemburgo, con 46.524 euros anuales de media, Alemania, con 43.942 o Francia, con 32.286 euros. El salario medio europeo se sitúa en 33.997,5 euros anuales.

Además, segun informan los técnicos del Ministerio de Hacienda, “nuestro país es el territorio de la Zona Euro donde mas ha crecido el esfuerzo fiscal de las rentas del trabajo en los últimos cinco años, sin tener en cuenta la reciente subida de impuestos anunciada hace poco más de un mes por el Ejecutivo”.

Fuente  :  20 Minutos

Miles de personas sin paraguas sanitario

El sistema público no cubre a parados sin subsidio con alguna renta ni a quien no ha cotizado nunca y tiene ingresos – Entre 90.000 y 180.000 españoles están afectados

Jorge P. supo que se había quedado sin derecho a sanidad pública el día que pidió una cita en atención primaria para uno de sus dos hijos. “En el ambulatorio de La Laguna (Tenerife) me informaron de que, como ya no cotizo, no tengo derecho a sanidad y que debía acudir al sector privado y pagarlo de mi bolsillo”, explica este sorprendido canario. El niño sí recibió asistencia para su resfriado. En el sistema español, los menores están cubiertos siempre. Los adultos, sin embargo, algunas veces no. “Debe encontrar un trabajo rápidamente, porque si no las facturas de Sanidad le serán pasadas por Hacienda”, recuerda Jorge que le dijo la persona que le atendió. “Y no se puede negar a pagarlas porque le embargan directamente”.

Jorge (no quiere que se le identifique), de 40 años, dejó de cotizar a la Seguridad Social hace cinco años. Este agente de la propiedad inmobiliaria era, desde 1997, socio de una agencia de venta de pisos. En julio de 2005, tras una enfermedad que le tuvo cuatro meses de baja, vendió su participación en la agencia y se dio de baja en autónomos. Dos años más tarde, la inmobiliaria dejó de vender pisos y cerró.

Que la sanidad pública española es universal es un mito. No todos los españoles están amparados por el sistema. El tan mencionado derecho a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que afecta a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que, sin embargo, algunos expertos elevan hasta las 300.000.

El problema afecta fundamentalmente a cuatro colectivos: parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta, españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos, personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.

En el actual contexto de crisis, hay personas que, al igual que Jorge, están descubriendo que han perdido el derecho a recibir asistencia sanitaria pública de forma gratuita. Aunque paguen sus impuestos -con los que se financia la sanidad en España-, todos ellos deben contratar un seguro privado; o pagar el equivalente de lo que cuesta la atención sanitaria pública al año, unos 1.800 euros de media, para poder utilizarla.

En España, los trabajadores que cotizan, las personas que reciben algún tipo de subsidio (parados, pensionistas…), así como los beneficiarios -sus hijos, por ejemplo- de todos ellos tienen derecho a la atención sanitaria pública. También lo tienen los menores y las personas sin medios económicos. “El derecho a la sanidad pública en España ahora mismo está ligado al empleo”, confirma el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Este sistema, heredado de la antigua seguridad social, amplió en 1986 la cobertura a las personas sin recursos.

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Los inspectores ven trato de favor a las cuentas en Suiza

La actuación de Hacienda “se asemeja a la amnistía fiscal”

Hacienda emplea el guante blanco con los grandes defraudadores y carga todo el peso de la ley al pequeño contribuyente. Así interpretan los inspectores fiscales la actuación de la Agencia Tributaria contra las casi 3.000 fortunas que han ocultado más de 6.000 millones de euros en cuentas suizas. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, la más representativa del sector, considera un “escandaloso trato de favor” que el fisco opte por pedir la regularización voluntaria de esas cantidades en lugar de remitir directamente los casos a los tribunales -la mayoría tiene indicios de delito fiscal- o iniciar inspecciones ordinarias.

El procedimiento de la Agencia Tributaria “se asemeja a una amnistía fiscal”, critican los inspectores, pues si los titulares de las cuentas opacas rinden cuentas voluntariamente, Hacienda no suele abrir actas ni remitir los casos a la fiscalía. El fraude se salda entonces con un recargo que ronda el 20% más los intereses de demora, sin sanciones. Con esas medidas “se manda un mensaje equivocado a la sociedad”, considera el portavoz de los inspectores, Francisco de la Torre. También el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ve trato de favor y suscribe que el requerimiento voluntario no comporta sanción.

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