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Alabama estrena la ley de inmigración más dura de todo el país [.. salir a la calle sin un documento de identificación será un delito.. ]

Una ley “draconiana”. Una ley que “terroriza a menores”. Una ley que viola derechos de los niños, que se opone a sentencias anteriores del Tribunal Supremo y que puede alejar de la educación e incluso de la atención médica a miles de familias indocumentadas. Es la ley de inmigración de Alabama. Y después de que una juez federal admitiera algunos de sus apartados más polémicos, se convierte en la más rigurosa.

La denuncia del Departamento de Justicia no consiguió impedir la entrada en vigor de la ley al completo. Con efecto inmediatio, salir a la calle sin un documento de identificación será un delito y los agentes de policía pueden comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que pueda ser indocumentada. Este último apartado es igual que el de la ley SB 1070 de Arizona y despertó una ola de críticas en todo el país por el riesgo de seleccionar a los sospechosos en función de su raza.

Pero Alabama, como ya contamos este verano, quiso ir más lejos. Las compañías privadas y pequeños empresarios, incluidos los proveedores de servicios de agua y electricidad, así como de recogida de basuras, tienen prohibido contratar servicios si el cliente es indocumentado.

Desde el pasado jueves, las escuelas públicas están obligadas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y de sus progenitores. Por primera vez una ley de inmigración de Estados Unidos tiene en el punto de mira a menores de edad.

La Oficina del Censo estimó en 2009 que unos 79.000 menores pertenecen a familias de inmigrantes. De ellos, el 88 por ciento tiene permiso de residencia en el país. “En este momento hay muchas opiniones sobre cómo deberíamos revisar las leyes de inmgiración”, reconoce Mary Olivella, presidenta de la origanización nacional Moms Rising. “Solo esperamos que los menores y sus padres no sufran abusos ni se violen sus derechos en nombre de una ley de inmigración”.

La dureza de la ley de inmigración de Alamaba contrasta con la reducida proporción de población hispana, apenas un 3 por ciento. La media de otros estados es del 12 por ciento. La respuesta se debe, según los expertos, al rápido crecimiento durante la última década. El Censo estimó el crecimiento durante la última década en un 145 por ciento, convirtiendo a Alabama en el segundo estado donde la comunidad hispana ha crecido más desde el año 2000.

Diversas informaciones han narrado desde la semana pasada la desaparición de estudiantes hispanos de las escuelas de Alabama, así como de trabajadores de la comunidad. La mayoría confían en recuentos puntuales de las escuelas, que todavía no pueden dar cifras definitivas. Sólo The New York Times publica una estimación a nivel estatal: 1.988 menores hispanos se ausentaron de los colegios públicos de todo el estado el pasado viernes, un 5 por ciento de la población estudiante de la comunidad hispana.

 

 

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Imagen de una de las últimas protestas en Alabama
contra la ley de inmigración. Foto: Stephen Gross
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“La nueva ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores en Alabama”, condenó Wendy Cervantes, vicepresidenta de derechos del menor en el grupo First Focus. “Normas como ésta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores”.

Familias separadas

“Nuestra preocupación es que miles de niños que nacieron en este país y que son ciudadanos estadounidenses ahora temen ir a la escuela porque tienen familiares sin documentación. Nuestro error al negar la educación a niños que ahora tienen miedo de ir al colegio es una pérdida para todos”, afirma Linda Tilly, directora de la organización VOICES, en defensa de los derechos de los menores en Alabama.

Las familias hispanas del estado esperaban la decisión de la juez Blackburn desde que el gobernador del estado firmara la ley de inmigración el pasado 9 de junio. Desde entonces, la falta de información sólo ha alimentado el miedo. La norma exige a los colegios que comprueben el estatus migratorio de los estudiantes en el momento de matricularse, pero el curso escolar ya ha comenzado.

La ley establece que aquellos alumnos que ya hayan sido admitidos en las escuelas no deben entregar su documentación, aunque varias organizaciones locales han registrado casos en los que se ha recopilado los datos de todos los estudiantes. Cualquier alumno que haya asistido a una misma escuela durante los últimos años, sólo deberá dar sus datos de inmigración en el momento de trasladarse a otro centro.

Scott Douglas, director de una coalición de organizaciones religiosas del estado, considera que es imposible saber exactamente lo que va a pasar. “Estamos hablando de niños estadounidenses con hermanas indocumentadas. Es muy difícil encontrar las cifras exactas. Puedes hablar de unidades familiares, pero incluyen a gente en todo tipo de circunstancias distintas”.

El impacto económico

Una de las primeras consecuencias es el descenso de alumnos. La segunda, el recorte de presupuesto de los colegios públicos, establecido en proporción al número de estudiantes. El Departamento de Educación de Alabama estima la reducción en unos dos millones de dólares.

Pero Douglas alerta también del impacto económico que el abandono escolar va a tener tanto en las familias hispanas como en el futuro de la comunidad en general. Los últimos datos de Estados Unidos muestran que por primera vez los hispanos son el mayor grupo de menores de 18 años que vive en la pobreza. A nivel nacional, un 22 por ciento de los menores vive por debajo del índice de la pobreza. En Alabama, el porcentaje asciende al 27 por ciento.

“Una de las mayores paradojas en el caso de Alabama es que la educación pública está financiada con los impuestos sobre el precio de los alimentos. Cuánto más pobre es una familia, más contribuye a la educación”, afirma Douglas. Los inmigrantes indocumentados contribuyen con impuestos cada vez que adquieren alimentos, argumenta Douglas, pero la ley les niega el acceso a una educación por la que ya están pagando.

La juez federal Blackburn, nombrada por el expresidente George H.W. Bush en 1991, sí bloqueó otros de los apartados más polémicos de la ley, como la prohibición de llevar en un vehículo a un pasajero indocumentado o el artículo que prohíbe solicitar un empleo a personas indocumentadas.

El Departamento de Justicia, que presentó una de las tres demandas contra la ley de inmigración de Alabama, apeló inmediatamente la decisión de la juez federal Blackburn. Apenas hacía unos días que Obama, en una entrevista en la Casa Blanca que fue retransmitida en inglés y doblada al español, reiteró que Estados Unidos debe evitar el avance de leyes de inmigración estatales. Éstas, según el presidente, sólo ponen un parche a un problema más amplio y que debe solucionarse a través de una reforma migratoria a nivel nacional.

Sin embargo, el bloqueo legislativo impuesto por los republicanos en el Congreso ha convertido la reforma en un imposible. La ley de Arizona, sin embargo, está a las puertas del Tribunal Supremo. Si la corte acepta deliberar sobre el caso, los jueces podrían dictar sentencia antes de junio de 2012, en plena campaña electoral.

Fuente  :  El Pais

Recuerda…

 

 

Palin dice que Obama no tiene “cojones” para arreglar la cuestión migratoria

Miedo y desolación en Arizona

El Gobierno de EE UU recurre la ley de Arizona contra la inmigración sin permiso

México recurre la «ley Arizona» ante la Justicia de EE.UU.

Éxodo masivo de hispanos en Arizona

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Boicot a Arizona

Arizona aprueba la polémica ley que criminaliza la inmigración ilegal

 

 

 

 

EE. UU.: negros contra hispanos

Palin dice que Obama no tiene “cojones” para arreglar la cuestión migratoria

La ex gobernadora de Alaska Sarah Palin declaró este domingo, en un programa matutino de televisión, que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no tiene “cojones” para arreglar la cuestión migratoria en su país, afirmación que este ha dado la vuelta al mundo en Internet.

Jan Brewer tiene los cojones (sic) de los que carece nuestro presidente para tener presentes a todos los estadounidenses, no sólo a los ciudadanos de Arizona (…), en nuestro deseo de asegurar nuestras fronteras y permitir que la inmigración legal ayude a construir este país”, dijo Palin al canal conservador Fox News.

La ex candidata republicana a la vicepresidencia del país defendió los esfuerzos de la gobernadora de Arizona para criminalizar a los inmigrantes indocumentados, en alusión a la apelación, presentada el pasado jueves, de Brewer ante un tribunal federal contra el bloqueo de ciertas partes de su ley SB1070.

Palin, que según más de un observador político tiene la vista puesta en la Casa Blanca para las presidenciales de 2012, dijo que si Obama no apoya a Brewer en su causa, los gobernadores de muchos estados del país lo harán. Los opositores de la citada ley dicen que la aplicación en su totalidad propiciaría la discriminación racial y sostienen que usurpa la autoridad federal de asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Fuente  :  20 Minutos

“Me siento como un nazi”

Policías de Arizona denuncian la nueva ley antiinmigración

Es una ley racista, y claramente está dirigida contra los hispanos. Me siento como un nazi”. Paul Dobson, un policía de Phoenix (Arizona) con 20 años de experiencia, mira a la cámara con seguridad. Por momentos, emocionado. “La gente no confiará más en nosotros”. El vídeo fue difundido a través de una comunidad de Facebook, Cuéntame, dirigida a los hispanos en Estados Unidos. “Nuestro trabajo está en peligro. La Constitución dice que todas las personas tienen derecho a ser protegidas. Con esta ley ya no será así”.

Fue Dobson el que se ofreció a los responsables de la web: “Me gusta su proyecto y quiero colaborar en él. Soy un policía de Phoenix”, les dijo a través de un correo, según recuerda Axel Caballero, uno de los administradores de esa página.

Dobson es uno de los policías que han plantado cara a la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que afirma que “la gran mayoría” de los inmigrantes que llegan a su Estado son usados como mulas por los narcotraficantes; y al sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, que se jacta de humillar a sus presos, condenados generalmente por delitos menores.

Dobson no es el único policía de Arizona contrario a la nueva ley. Los agentes Martín Escobar y David Salgado dieron un paso más, al presentar dos de las seis demandas interpuestas por ciudadanos individuales en contra de la ley de inmigración, que permite a la policía pedir la documentación a cualquiera que despierte “una sospecha razonable”.

El argumento de estos agentes coincide con el del Gobierno de Barak Obama, que ha logrado la suspensión judicial de cuatro artículos de la ley, uno de ellos el de la “sospecha razonable”. Pero la gobernadora de Arizona ha apelado contra la suspensión, de modo que la batalla legal sigue viva.

El agente Escobar, de 45 años, es de Sonora (México) y cruzó la frontera cuando tenía cinco. Ahora vive en Tucson. “Tengo que hacer mi trabajo y tengo un deber. Soy policía desde hace 15 años, pero no me siento bien aplicando esta ley. Y, además, dificultará nuestro trabajo”, explica.

Cerca del 30% de la población de Arizona es hispana. Ese Estado ocupa el cuarto lugar en habitantes hispanos, detrás de Nuevo México, California y Tejas. En Estados Unidos viven más de 42 millones de personas de origen hispano y se estima que 11 millones son inmigrantes ilegales. “Es una ley dirigida contra un grupo, y no resolverá el problema de la inmigración ilegal”, subraya Escobar.

“Hay muchos problemas que atender, como el tráfico de drogas o la violencia doméstica. Esta ley no los resolverá”. Este agente recuerda que Arizona recibe cada año a 24 millones de turistas mexicanos -todos legales-, según datos de la oficina de turismo. ¿Cómo decidir quién es “razonablemente sospechoso”? Un vídeo utilizado por la policía sostiene que “la raza no es motivo para una detención”, pero no aclara nada más.

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Miedo y desolación en Arizona

Miles de hispanos abandonan el estado a causa de la nueva ley de inmigración

Los niños solían corretear por los soportales. Las niñas soñaban con vestirse de princesas en sus fiestas de quinceañeras. Y los padres hacían acopio de provisiones en Food City, compraban unos jeans en BB Fashion o cenaban como perfectos gringos en Piper Pizza.

Todo eso forma parte del pasado prohibido en Arizona. En los dos últimos meses, bajo la sombra de la ley de inmigración que permitirá desde mañana la detención de “indocumentados” ante la menor sospecha, los hispanos han desaparecido. El miedo se ha apoderado de Phoenix, y el único que campea alegremente por las plazas desoladas es el espectro de Joe Arpaio, el sheriff más duro de América, que ha agrandado su humillante prisión-tenderete para encerrar a los “ilegales” que no abandonen el estado.

“Tienen a la gente temerosa, amargada y frustrada”, asegura María Sierra, nacida hace 58 años en Mexicali y arraigada desde los 18 a esta tierra que ya no reconoce: “Mi madre me dijo: ‘Allá donde fueres, haz lo que vieres’. Eso es lo que hemos hecho millones de emigrantes y así nos responden. Los anglos creen que ellos no van a sufrir la salpicadura, pero ya están sintiendo el daño. Están convirtiendo Arizona en una tierra sin esperanza“.

Como la última de Filipinas, María aguanta al frente de su tienda de regalos Q Crafts, en una plaza sin nombre de la calle 43 con Thomas Street, que es la metáfora agonizante de la ciudad fantasma. A las puertas del negocio se acumulan las cajas de cartón con ropa, zapatos, juguetes y hasta ventiladores que decenas de familias han ido dejando antes de la inevitable partida. “La gente intenta vender todo lo que tiene para poder marcharse, y traen aquí lo que les sobra”, admite María.

“Es muy triste todo lo que está pasando. Como tantos otros, cuento los días que quedan para el jueves y le pongo velas a la Virgen de Guadalupe para que la juez pare la ley. Dios no abandona a su pueblo, y ésa es mi esperanza”. Junto a María, reafirmando aún su fe en el sueño americano, la inmigrante sin papeles Emma Vergara no duda en dar la cara, así la fiche el sheriff Arpaio, el malo de la película.

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El Gobierno de EE UU recurre la ley de Arizona contra la inmigración sin permiso

Argumenta que la norma infringe la Constitución de EE UU.

Señala que se adjudica competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

Piden al juez que suspenda su entrada en vigor.

El departamento de Justicia de EE UU recurrió este martes la ley del estado de Arizona que convierte en delito penal la inmigración ilegal y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.

Los abogados del Gobierno argumentaron que la norma infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal. “La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país”, afirma la demanda.

La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en EE UU sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.

En su demanda, el Gobierno alertó de que la ley podría abrir paso al “acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal”

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México recurre la «ley Arizona» ante la Justicia de EE.UU.

El Gobierno de México ha solicitado a la Corte Federal de EE.UU. para el Distrito de Arizona que declare inconstitucional la Ley SB1070 e impida su entrada en vigor, prevista para el próximo 29 de julio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunciaba que su Gobierno presentó un escrito como «Amigo de la Corte» en la causa «Friendly House et al versus Michael B. Whiting et al», por el que apoya la demanda entablada por un grupo de organizaciones civiles para impugnar la ley estatal, que asume atribuciones federales para identificar y detener a los sospechosos de encontrarse irregularmente en territorio de la Unión.

La Cancillería resalta que es fundamental e imperativo que los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos sean garantizados en Arizona o cualquier otro estado: «México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios. México está preocupado de que (la ley) conduzca a un tratamiento dispar entre los mexicanos en Estados Unidos».

La ley ha sido también cuestionada por el presidente Barack Obama, y funcionarios de Washington estudian la manera de impugnarla a través del Departamento de Justicia. Por el momento, ya hay abiertos cinco litigios ante la corte local.

La gobernadora de Arizona (donde el 9 por ciento de la población es mexicana), Jan Brewer, dijo estar «decepcionada» por esta decisión de México y porque «nuestros vecinos y amigos del sur hayan escogido el interponer una moción que distorsiona la verdad sobre Arizona y EE.UU.».

Brewer, que tuvo que matizar puntos de la ley tras su aprobación por el Senado estatal, insiste en que, «a pesar de las falsas aserciones expresadas por México, las leyes de inmigración de Arizona se asemejan a lo que han sido las leyes federales por décadas y han sido edificadas con protecciones por los derechos civiles».

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