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Salarios vinculados ¿a la inflación y/o a la productividad?

La crisis económica, en general, y Merkel, en particular, han puesto sobre la mesa un nuevo debate: vincular salarios a la inflación y/o a la productividad.

Sindicatos y patronal no parecen muy dispuestos a cambiar las cosas y prefieren dejar que siga siendo la inflación la que marque las subidas. En el otro lado, desde la canciller alemana Angela Merkel hasta el Banco de España, pasando por el mismísimo expresidente del Gobierno Felipe González, defienden el rendimiento de la empresa. Y en el medio, el Ejecutivo de Zapatero, que reconoce que habría que cuantificar “mejor” la productividad sin olvidar los precios.

Lo cierto es que una combinación de ambos sería el escenario ideal para no perder poder adquisitivo y para, a la vez, ‘premiar’ o ‘castigar’ a los trabajadores según los resultados de la empresa. Y todo ello, como ejemplifica Diego Sánchez de León, socio de Talento, Organización y Personas de Accenture, a partir de una retribución variable, en la que un porcentaje estaría ligado a la productividad de cada trabajador, es decir, al cumplimiento de sus objetivos, y otro, a los resultados de la compañía. El tramo fijo estaría vinculado al IPC.

¿Cuál es la situación actual?

En España, desde la Transición, los sueldos se ligan a la inflación pasada, lo que “garantiza la capacidad adquisitiva, pero genera problemas de competencia año tras año” ya que crea una “espiral” inflacionista, señala Juan Carlos Martínez Lázaro, economista de IE Business School.

Hace justo un año, sindicatos y patronal rubricaron un principio de acuerdo que fija un incremento salarial para 13 millones de trabajadores del 1% para 2010, de entre el 1% y 2% para 2011 y de entre el 1,5% y 2,5% para 2012. Además, se contempla una cláusula de revisión salarial que se aplicará al final del periodo para recuperar lo perdido. No en vano el año pasado la inflación acabó en el 3%.

¿Por qué lo rechazan los agentes sociales?

En una cultura como la nuestra, donde apenas está extendida la retribución variable, no es fácil que un trabajador asuma que parte de su sueldo irá en función de si la empresa gana más o menos dinero.

En paralelo, “¿están las empresas dispuestas a ser transparentes con sus trabajadores y desvelar ciertos datos?”, se pregunta Martínez Lázaro. UGT lo duda.

¿Qué dificultades plantea?

Los expertos coinciden en que hay que pasar página de los convenios sectoriales, ya que son “inflexibles” y toman decisiones para todo un sector “independientemente de cómo vaya la empresa”, dice Oscar Izquierdo, experto en asesoramiento en Recursos Humanos de Ernst & Young Abogados, y acercarse más a la realidad de cada empresa.

Las empresas, por su parte, deben “facilitar los medios de capital y de organización de trabajo” para que un trabajador pueda ser más productivo, añade Martínez Lázaro, porque “no se trata de trabajar más horas, sino de ser más productivos en las mismas horas”.

Ventajas

Además de servir de estímulo a los empleados, sin duda, vincular salarios a productividad permite que muchas pequeñas y medianas empresas no sufran un nuevo revés en sus maltrechas cuentas con subidas salariales indexadas a la inflación.

Ejemplos

Siemens , Google o Volkswagen son tres de las empresas que en plena crisis han subido el sueldo a sus empleados para premiar su trabajo en estos tiempos.

La compañía alemana ha valorado el “destacado comportamiento” de su plantilla durante esta etapa. Por su parte, las nóminas de los trabajadores de la empresa de Internet han estrenado el año con aumentos del 10% y las del fabricante de automóviles, del 3,2%.

Otra versión a la inversa es la pactada en la planta de Barcelona de Nissan, donde el empleo está garantizado tras la adjudicación de la fabricación de una nueva furgoneta. A cambio, la plantilla ha aceptado la congelación salarial.

¿Qué otros elementos se pueden contemplar?

Además del IPC y la productividad, el profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, apunta otras variables como eficacia, costes unitarios, evolución de precios por sectores o por países.

Por su parte, Sánchez de León añade la competitividad respecto a otras empresas del sector.

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El Gobierno abre la puerta a retrasar la jubilación más allá de los 67 años

A partir de 2027, el sistema se revisará cada cinco años para adaptarlo a una evolución creciente de la esperanza de vida, según fija el anteproyecto de ley

La jubilación a los 67 años es solo un primer paso. El «anteproyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social», al que ha tenido acceso ABC, introduce un factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones ligado a la evolución de la esperanza de vida. De este modo, a partir de 2027, cada cinco años «se revisarán los parámetros del sistema por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en el que se efectúe la revisión y en el año 2027». Teniendo en cuenta que —según la memoria económica de la norma— cada diez años aumenta en algo menos de un año la esperanza de vida a los 67, significa que la edad legal de jubilación continuará retrasándose.

Del mismo modo, este factor de sostenibilidad, abre la puerta a seguir ampliando el número de años que se tiene en cuenta para calcular la pensión, y que la reforma amplía de 15 a 25 en un plazo de diez años.

El Ejecutivo explica que este factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones ligado a la evolución de la esperanza de vida está en consonancia con la legislación de otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Dinamarca, que ya han introducido medidas en este sentido.

Sin efectos retroactivos

La letra pequeña de la norma desvela que el endurecimiento de la jubilación anticipada no afectará a aquellos ciudadanos «cuya relación laboral se haya extinguido antes del 2 de febrero de 2011», fecha en la que se firmó el acuerdo de la reforma de las pensiones con patronal y sindicatos. En un momento de crisis como el actual, en el que las salidas del mercado de trabajo son continuas, había mucha preocupación entre los ciudadanos que han sido despedidos recientemente y que se temían que tuvieran que esperar hasta dos años más para poder jubilarse.

Asimismo, la norma especifica las condiciones que permitirán a madres o padres que hayan interrumpido su carrera laboral para cuidar a sus hijos, y a becarios, sumar hasta dos años a sus carreras de cotización.

 

 

Según el texto, se podrán acoger a estos beneficios las madres o padres que hayan interrumpido su carrera laboral para cuidar de sus hijos. El anteproyecto apunta que se podrá acoger uno de los dos progenitores, el padre o la madre, pero que en caso de controversia se otorgará el derecho a la madres.

En cuanto a los requisitos, se exigirá que la interrupción en la cotización se produzca «en el periodo comprendido entre el inicio del tercer mes anterior al nacimiento, adopción o acogimiento y la finalización del cuarto año posterior a dicha situación». La duración de este cómputo será de nueve meses por cada hijo, con el citado límite de dos años y siempre que el niño sea menor de seis años. Además se considerarán como cotizados los tres años que los trabajadores disfruten por cuidado de hijos en los mismos supuestos. Hasta ahora se tenían en cuenta dos años.

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El Senado aprueba la polémica ley Sinde, que podría empezar a aplicarse antes del verano

El Senado ha dado este miércoles el visto bueno a la polémica ley Sinde tras la aprobación de las enmiendas 567 y 568, pactadas entre PSOE, PP y CiU, por las que se da luz verde a la polémica norma. Ha tenido 248 votos a favor, 5 en contra de miembros de la Entesa y el Mixto y una abstención.

De esta forma, la ley Sinde (incluida en la Ley de Economía Sostenible como disposición final segunda) estará lista en las próximas semanas, una vez que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe el próximo martes por la tarde el dictamen del Senado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), según consta en el orden del Pleno de la Cámara Baja para la próxima semana. La norma podría comenzar a aplicarse antes de verano, ha asegurado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

“La ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe y a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos“, señaló la ministra tras asistir a un desayuno informativo del grupo Planeta ante el Foro de la Nueva Comunicación.

La titular de Cultura ha recordado que, una vez sea aprobada la ley en el Congreso, “habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual”, el órgano dependiente del ministerio encargado de examinar las denuncias sobre los contenidos ilegalmente colgados en dichas páginas web.

El pasado miércoles la ley Sinde superó su primer obstáculo en el Senado tras ser admitida en la Comisión de Economía para su debate en el Pleno de este miércoles. La disposición fue rechazada en el Congreso el pasado 21 de diciembre y, gracias al acuerdo entre PSOE, PP y CiU, ha vuelto al trámite parlamentario con algunas modificaciones, pues la nueva normativa refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web.

Cambios en la ley

En la nueva redacción de la ley antidescargas, el juez interviene desde el primer momento del proceso que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web.

La enmienda recoge la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, que en una primera sección ejercerá funciones de mediación y arbitraje, y en su segunda, examinará las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

En el texto, a diferencia de la primera disposición, se determinan qué miembros compondrán cada una de las secciones, con lo que el trámite de composición de la comisión ya está decidido.

También se añade que todo requerimiento de cierre de una web “exigirá la previa autorización judicial”, que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web “estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación”.

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que “en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores” o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución. En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. Además, la falta de resolución en los plazos determinados tendrá efectos desestimatorios de la solicitud.

Fuente  :  20  Minutos

Obama dio en octubre de 2009 el último ‘empujón’ a la ley Sinde

 

La defensa de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería en Internet se convirtieron en 2009 en una cuestión de Estado entre España y Estados Unidos. Así se deduce de la lectura de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten. Los mandatarios de ambos países, José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama, abordaron el tema en la reunión que tuvieron el 13 de octubre en la Casa Blanca dentro del programa del viaje oficial que realizó -por primera vez- el presidente español a Washington. Seis semanas después veía la luz el anteproyecto de ley de Economía Sostenible.

Así se explica en un cable diplomático enviado el 28 de octubre desde la Embajada estadounidense en Madrid, que resalta que el encuentro entre los jefes de Estado supuso, por un lado, el empuje definitivo a la recién anunciada Comisión Interministerial que debía establecer las bases para una nueva legislación contra las descargas ilegales en Internet –que se plasmaría después en la disposición final segunda o ley Sinde-; y por otro, una inyección de fuerza a la “disposición” de Zapatero para defender públicamente la necesidad urgente de encontrar una solución a un asunto que preocupaba profundamente a la Administración de EE UU desde 2004.

Son apreciaciones de Arnold Chacón, encargado de Negocios de la Embajada y de redactar, en este caso, un texto resumen de varios acontecimientos en el que queda patente que la visita caló hondo, para bien, en las altas instancias del Gobierno español. De hecho, así se lo transmitió unos días antes en una reunión el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, según consta en otro cable confidencial; departieron en ella sobre todos los asuntos de los que habían hablado Obama y Zapatero, incluida la posibilidad de un nuevo viaje del español en enero a Washington.

León comunicó a Chacón que el mensaje del Gobierno estadounidense sobre propiedad intelectual “había sido recibido” y que el Ejecutivo español lo tenía ahora “en su punto de mira”. El éxito no fue una sorpresa ya que, desde que Obama tomara posesión el 20 de enero, el Ejecutivo estadounidense empezó a ver la luz al final del túnel tras varios años de lucha quijotesca para implantar en España su ya conocido plan estratégico contra la piratería. El entusiasmo del Gobierno de Zapatero respecto a la llegada de Obama haría mucho más fácil retomar, entre otros, este problema.

“Creemos que el año que tenemos por delante nos ofrece oportunidades importantes para presionar al Gobierno español y que dé pasos definitivos”, escribía el mismo Chacón como colofón a otro cable unos meses atrás. Fue el 2 de marzo, poco antes de que tuviera lugar la primera toma de contacto personal entre Zapatero y Obama, en el marco de una cumbre entre EE UU y la UE en Praga; y antes también de que España fuera, de nuevo, incluida en la famosa Lista de Vigilancia 301 sobre la piratería en el mundo que elabora anualmente el Departamento de Comercio de EE UU. Una de cal y otra de arena.

Medidas “en cuestión de días”

En el mismo telegrama, en el comentario final, se apunta que España estaba cada vez más preocupada por su “imagen internacional”, ya que en enero de 2010 ejercería la presidencia de turno de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Gobierno de Zapatero tenía entre las prioridades de su agenda, según la Embajada en Madrid, “fortalecer” las relaciones bilaterales con EE UU mediante encuentros de “alto nivel”. En este contexto, prosigue Chacón, España es consciente de que su problema con la piratería “perjudica” a nivel global las relaciones con la Administración Obama. La conclusión es clara: “Necesitamos encontrar otras maneras de utilizar este sentimiento en nuestra ventaja”.

Y así fue. Para ello el Gobierno estadounidense contó con la ayuda de la industria de contenidos de su propio país. Según consta en uno de los cables, durante las semanas previas al encuentro del 13 de octubre entre Obama y Zapatero, la MPAA (Motion Picture Association of America) y la RIAA (Recording Industry Association of America), “presionaron activamente” para que el tema de la piratería se planteara en la reunión de la Casa Blanca. No fueron los únicos que actuaron: miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron “una carta” a la Oficina del Representante de Comercio y al mismo Departamento de Comercio “con el mismo mensaje”.

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Desligar los sueldos del IPC, una espinosa asignatura pendiente

Banco de España, FMI y OCDE exigen desde hace años suprimir las cláusulas de revisión

 

 

Las palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, instando a la supresión de las cláusulas de revisión salarial en España han caído como un jarro de agua fría en el Gobierno español, pero especialmente entre los sindicatos, que llevan años resistiéndose con uñas y dientes a desligar los sueldos de la evolución del IPC. Tampoco los empresarios han hecho de esta reivindicación su bandera.

Pero no es la primera vez que suena esta música en nuestro país. Organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, el FMI o la OCDE, aparte de los principales economistas nacionales, llevan años instando a la supresión de estas cláusulas, que están contenidas en el más del 70% de los convenios colectivos.

Dentro de nuestras fronteras, probablemente ha sido el Banco de España y su actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien más activamente ha criticado la indiciación de la economía española.

En un reciente informe del Banco de España, la entidad argumenta que la tasa de inflación es más elevada cuanto mayor es el grado de indiciación salarial y el grado de persistencia de la misma es más alto cuanto más se indician los salarios, de forma que las desviaciones del IPC «tenderán a ser más duraderas» en aquellos países donde existe un mayor nivel de indiciación salarial, como ocurre en España.

De hecho, la entidad subrayaba que una de las características «más peculiares» del mercado laboral español, no observada en la mayoría del resto de países europeos, es la presencia de cláusulas de salvaguarda en la mayor parte de los convenios colectivos que se firman, lo que origina, en su opinión, «un elevado grado de indiciación automática de los salarios a incrementos en los precios».

Según este informe, en España cerca del 75% de los trabajadores con convenio está protegido por estas cláusulas frente a las desviaciones del IPC, lo que contrasta con el de la mayor parte de los países europeos, que presentan cifras inferiores al 25%. Sólo Bélgica, Finlandia y Luxemburgo cuentan con un grado de cobertura igual o superior al caso español.

La temida segunda ronda

En contra de estas cláusulas, el Banco de España argumenta que favorecen los llamados «efectos de segunda ronda», que acaban convirtiendo los aumentos transitorios de la inflación en permanentes. Pero estos argumentos no convencen a los sindicatos, a tenor de las furibundas críticas con las que ayer contestaron a las propuestas de la canciller alemana. Los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente aseguraron que sería un «grave error» eliminar las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.

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Zapatero : “Los ciudadanos ganan con el apoyo a los bancos”

Zapatero niega que el Gobierno regale dinero a estas entidades

“El Gobierno hace con los bancos lo que los bancos hacen con los ciudadanos”, ejemplificó el jefe del Ejecutivo para combatir la idea ampliamente extendida de que el Gobierno ha inyectado dinero público a fondo perdido a los bancos para sostener la reforma del sistema financiero.

“Los ciudadanos están ganando dinero con el apoyo a los bancos. Lo que hemos hecho es avalar las emisiones para obtener financiación o comprarles activos que luego recomprarán cobrándoles intereses”, explicó José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado en Los desayunos de TVE.

Así, Zapatero anunció que en 2012 el Estado ingresará “una cantidad significativa” con los intereses generados por esta utilización de recursos públicos que, según subrayó, se han puesto especialmente a disposición de las cajas de ahorros para garantizar su solvencia y, en consecuencia, los ahorros de los ciudadanos.

Costará reducir el paro

En clave económica, el presidente del Gobierno aseguró que en la segunda mitad de 2011 se comenzará a crear empleo de forma neta, aunque “todavía moderada”, y anunció que 2012 “será ya un año de creación de empleo neto”. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo reconoció que a España “le va a costar” reducir el paro por la altísima cantidad de empleo destruido en los últimos dos años.

“Las cosas no pueden cambiar de un día para otro”, admitió Zapatero, al avisar de que los efectos de la reforma laboral, así como el resto de modificaciones estructurales emprendidas sólo serán claramente visibles “a medio y lago plazo”.

El jefe del Ejecutivo citó la inmediata puesta en marcha de la parte del acuerdo social que se refiere a las políticas activas de empleo como la reforma más urgente para atajar el problema del paro. Según subrayó, permitirá reorientar la formación de los desempleados hacia los sectores con más capacidad para crear empleo, como las energías renovables y las nuevas tecnologías.

Reforma de las pensiones

“Espero que nos apoyen”, señaló Zapatero, preguntado por el respaldo que espera del PP hacia el acuerdo que rubricará mañana con los agentes sociales y económicos con la reforma de las pensiones como elemento clave.

“Siempre he visto a Rajoy razonable en lo que se refiere a las pensiones”, apuntó, al confesar la fórmula que empleó el líder del PP para trasladarle su primera impresión cuando le comunicó el contenido del pacto: “Vamos a ser razonables”, le prometió.

“Sería insólito que el PP no apoyara un acuerdo avalado por los sindicatos y los empresarios”, aseguró el jefe del Ejecutivo, aunque se previno ante un posible rechazo denunciando que, “en todas las reformas” acometidas hasta ahora, “Rajoy se pone de medio lado”. “Le cuesta mucho mojarse”, lamentó el presidente del Gobierno. “No creo que el PP tenga un programa oculto, es que no tiene programa”, criticó, en su único punto de reproche al primer partido de la oposición.

Fuente  :    Publico.es

 

Recuerda……

Dinero es deuda

 

Mil parados más cada día de 2010

La tasa de desempleo se sitúa en el 20,33%, la más alta desde 1997, y el número de parados alcanza un nuevo récord: 4,696 millones


ABC

Zapatero, en el Congreso

La encuesta de población activa (EPA) del último trimestre de 2010 ha confirmado los pronósticos y ha elevado la tasa del paro hasta el 20,33%, la más alta registrada en nuestro país desde hace 13 años (segundo trimestre de 1997). El número de desempleados subió entre septiembre y diciembre en 121.900, por lo que 2010 cerró con 4.696.600 parados, lo que supone un nuevo récord histórico. El año pasado se quedaron sin trabajo 370.100 personas, lo que supone que cada día se fueron al paro 1.014 ciudadanos.

Desde el Gobierno, sin embargo, quisieron restar importancia a estos datos. Es más, hace semanas diseñaron la estrategia de fijar el día 28 de enero como fecha para que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, coincidiendo curiosamente con la publicación de estos datos del paro. Cabe recordar que la fecha de publicación de la EPA se anuncia con muchos meses de antelación.

El portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer que estas cifras «estaban en las presiones del Gobierno». El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras reconocer que se trataba de una «pésima noticia», afirmó que se confirmaba una «lenta mejoría». El ministro se refería seguramente a que el incremento del número de parados en 2010 (370.100) ha sido muy inferior al registrado en 2009 (1.118.600) y más aún de los que hubo en 2008 (1.280.300).

«Inaceptables»

El presidente del PP, Mariano Rajoy, por su parte, calificó de «inaceptables» y «muy desalentadores» los datos, pero añadió que el paro «no es una maldición bíblica ni algo que se produzca como la lluvia que cae porque sí». En este sentido, dijo que si las cosas se «hacen bien», se pueden crear puestos de trabajo.

El incremento del desempleo en el último trimestre de 2010 afectó en mayor medida a los varones (65.100 más) que a las mujeres (56.800). La tasa de paro masculina al acabar 2010 fue del 19,95% y la femenina del 20,79%. Se mantiene así la composición del paro observada desde 2008. Por nacionalidades, el aumento del paro afecta en mayor medida a los españoles en este trimestre, con 105.000 parados españoles más frente a 16.900 parados extranjeros más. La tasa de paro de la población extranjera vuelve a superar el 30% y está a casi 12 puntos de la que tienen la población española.

Por sectores, el desempleo se reduce entre septiembre y diciembre pasados en agricultura (23.200), construcción (22.000) e industria (13.400). Sin embargo, el número de parados en servicios sube en 25.000 y el número de parados que perdieron su empleo hace más de un año aumenta en 177.200 personas. Esta última es la categoría que presenta la mayor subida en el último año (572.000), a gran distancia de las restantes. El desempleo decrece en 21.700 entre los que buscan su primer empleo.

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González y Botín instaron al Gobierno a intervenir en las cajas en una reunión secreta

El anuncio por la vía de urgencia de la nacionalización de las cajas de ahorros que no tengan unos niveles adecuados de solvencia tiene su origen en una reunión que mantuvieron los directivos de más alto rango de BBVA y de Banco Santander en la última quincena de diciembre con el Gobierno. En dicho encuentro, los dos mayores bancos del país exigieron a Salgado tomar medidas inmediatas ante el cerrojazo de los mercados a cualquier institución financiera española.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de esa cita, sobre la que ni BBVA ni Banco Santander han querido hacer ningún comentario. En esa reunión, que se produjo días después del encuentro en la Moncloa con los cerca de 40 mayores empresarios del país, la entidad dirigida por Francisco González y la presidida por Emilio Botín instaron al Ejecutivo a acelerar la segunda etapa de la reestructuración de las cajas de ahorro. El motivo era que los principales inversores institucionales, sobre todo fondos de pensiones americanos, les habían castigado sin distinción, sin discriminar su menor exposición a la economía española respecto al resto de bancos y cajas, su internacionalización, su nivel de solvencia y su liquidez.

Prueba de esta situación fue que BBVA se derrumbó casi un 40% en bolsa en 2010, mientras que Santander cayó en torno al 31%. En ambos casos, los segundos mayores desplomes en la última década, tan solo superados por los hundimientos que registraron en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers y AIG.

Por si fuera poco, en diciembre, la agencia de calificación financiera Moody´s amenazó con bajar el rating de 30 entidades financieras españolas, así como de sus emisiones de deuda con aval del Estado, después de hacer lo mismo recientemente con la calificación del Reino de España. Entre esas instituciones estaban BBVA y Santander, a los que se metía en el mismo saco que a entidades con más problemas de solvencia como Caja Madrid, Bancaja, Caja España y CaixaCatalunya.

Como hiciera el pasado miércoles, Elena Salgado salió al paso en TVE donde dijo que Moody’s debía reconocer que el sistema financiero español en su conjunto es de los más sólidos de Europa y que la advertencia de la agencia constituía simplemente un ejercicio de simulación. La firma sostenía que la capitalización, rentabilidad y acceso a los mercados de financiación de la banca española “permanecerán débiles”, debido a las dificultades económicas, el progresivo deterioro de los activos y los planes de austeridad fiscal del Gobierno.

Dicho y hecho. El 4 de enero, BBVA pidió a los inversores institucionales que le comprasen una emisión de cédulas hipotecarias a tres años por importe de 1.200 millones. La consiguió vender con amplitud, pero para ello tuvo que ofrecerles un tipo de interés del 2,25%, un 15% más alto que cuando colocó 2.000 millones en verano y casi tres veces más que doce meses antes. Santander hizo lo mismo un día después y tuvo que abonar también un 2,25%, un 55% más que en abril de 2010.

“Fue la prueba del algodón”, indican fuentes financieras, las cuales indican que parte de los 1.000 millones que emitió el grupo de la llama roja se lo tuvieron que quedar los propios bancos colocadores porque no encontraron suficientes inversores para suscribir los títulos. “Si los mercados no nos prestan, no podemos prestar. El sistema se hunde y la economía también”, fue el mensaje que ambos bancos le enviaron al Gobierno en la citada reunión, en la que invitaron al equipo de José Luís Rodríguez Zapatero a tomar medias urgentes de manera unilateral.

 

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D. Roberto Centeno : ” [… Estais hablando de este país, como si fuera esto una democracia, el señor Zapatero se fuma un puro con la constitución..], […¿ pero que narices es ésto ? cómo se puede llamar un estado democrático donde aquí lo que hay es una dictadura partitocrática !..]

Intervención de D. Roberto Centeno, Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Economía en la Escuela de Ingenieros de Minas de la UPM entre otras cosas.

La obra cumbre del Nuevo Orden Mundial (NOM): el oligopolio del dinero

Y en plena crisis, con el negocio recurrente en pérdidas, se suben los sueldos. Por el contrario, las entidades de ahorro pagan mejor a sus empleados que los bancos. Es más: las cajas han entrado en crisis cuando se han comportado como bancos de inversión y se han apalancado. Basilea III es, en economía, la obra cumbre del Nuevo Orden Mundial (NOM): el oligopolio del dinero

¿Saben ustedes en qué se diferencian bancos y cajas de ahorros? En muchas cosas, ciertamente, pero hay una que revela el busilis del asunto, esa obsesión del Gobierno Zapatero por convertir a las cajas de ahorros en bancos: los salarios de los directivos.

No sabemos cuánto cobra Rodrigo Rato porque el Banco financiero y de Ahorro está en formación pero sí sabemos que, con incentivos, su antecesor, Miguel Blesa ganaba 1,2 millones de euros como presidente de Cajamadrid, cuarta entidad de España. Pues bien…

Como consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz salió por los 11 millones de euros en 2009. El presidente del BBVA, Francisco González por 6 millones pero dependiendo de los ‘bonus’ ha llegado a cobrar 9 millones por año. Además, acumula una pensión de 90 millones de euros y, que se sepa, aún no ha renunciado a su blindaje (prometió hacerlo cuando alcanzara los 80 millones y ya debería haberlos alcanzado el 31 de diciembre).

Vamos ahora con los bancos que ya han proporcionado resultados en 2010, Banesto y Bankinter, que, por pura casualidad, son más pequeños que Cajamadrid.

La presidenta saliente de Banesto, Ana Patricia Botín, salió por 2,5 millones de euros y acumuló una pensión de 25 millones. Ahora, en Santander Reino Unido, superará los 3 millones. José García Cantera, el consejero delegado, cobro 1,5 millones y se le ha subido el sueldo un 28%, quizás para premiar una cuenta de resultados horrible que ha necesitado de la ayuda de la matriz –asumiendo activos inmobiliarios- para salir adelante.

Jaime Echegoyen se marchó de Bankinter a finales de 2010 con más de 2 millones de euros de salario pese a dejar un banco en pérdidas, si nos atenemos al negocio recurrente.

Sí, los salarios de los directivos dicen poco sobre el total del balance y del negocio de un banco, pero lo dice todo sobre la gente que dirige la nave y, con ello, lo dice todo sobre el modelo de negocio. No olvidemos que la empresa es el único barco que hace aguas por la parte superior. Las cajas –politizadas o no- eran –me temo que habrá que empezar a hablar de ellas en pasado- entidades mutuales, y eso se notaba en la austeridad de sus directivos. Por eso mismo, en paradoja bastante habitual, no es casualidad que las cajas paguen mejor a sus empleados que los bancos.

Y las diferencias retributivas dan razón, también, de por qué las cajas se han dedicado menos que los bancos a especular en los mercados financieros. No era su estilo.

Y, de paso, también sabrán por qué los cajeros -afortunadamente hay excepciones- corren presurosos a convertirse en banqueros: para cobrar más, especialmente a través de las opciones sobre acciones. Y a esto le llamamos “reforma financiera”. ¡Y olé!

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